Reforma a la ley 30 sin imposición
“Si disminuye la corrupción y no malgastan el presupuesto en el conflicto armado, nos sobrará dinero para que todos tengamos educación de calidad, gratuita en la básica y apoyo económico para los que les es imposible pagarla en la superior.”
Desde hace varios meses las protestas estudiantiles en Chile han llamado la atención de América latina y buena parte del resto del mundo, pero poco se sabe en el extranjero de la batalla que están librando los universitarios colombianos.
La reforma de la ley 30 de 1992 presentada por el presidente Juan Manuel Santos el 10 de marzo generó diversas reacciones e inquietudes. Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia, considera que la iniciativa liderada por el gobierno no resuelve los problemas de las instituciones de educación superior (IES) y en particular el presupuestal. Francisco Piedrahíta, rector del Icesi (Cali), expresó su inconformismo y en particular con la formulación del ánimo de lucro de las IES.
Después de siete meses de discusiones, foros y reuniones del ministerio de Educación con los estamentos que forman parte del nivel de la educación superior en el país, fue radicado en la comisión VI de la Cámara el proyecto que fue llamado un “tesoro” por María Fernanda Campo Saavedra, jefe de la cartera de educación. Veamos en qué consiste ese tesoro de la ministra teniendo en cuenta los ejemplos que la inspiraron.
Poco después del golpe de estado en Chile (1981) propiciado por Pinochet a Salvador Allende, el general asestó otro atentado, esta vez contra la educación. Reformó el sistema universitario eliminando la que hasta entonces era gratuita. Así que quienes aspiraban ir a las aulas y no tenían cómo pagarla, debían acudir al crédito.
El caso chileno
En 1990 Pinochet dio un golpe más al imponer la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que redujo el rol del Estado en la educación al de un mero regulador y delegó la enseñanza en el sector privado. Con esa ley abrió las puertas al lucro en la educación y generó el boom de escuelas privadas o subvencionadas (público-privadas), que hoy en día acogen al 60% del alumnado de primaria y secundaria.
Al pasar las escuelas públicas a depender de los ayuntamientos (alcaldías) con insuficientes recursos, provocó un progresivo deterioro de la calidad educativa. Por otra parte, la educación superior se inundó de universidades privadas, representando hoy el 60 por ciento del sector.
Por lo anterior, los estudiantes chilenos están protestando, ya que un sistema de créditos que se conceden a través de los bancos privados y que tienen unas tasas de interés de un 6% como mínimo —por encima incluso de un crédito hipotecario— los lleva a que cuando terminan sus estudios estén esclavizados a 15 años de cancelación de la deuda. El 70% de los estudiantes chilenos tienen un crédito universitario, en un país donde el 60% de la población vive con apenas 180 euros mensuales.
Brasil es otro ejemplo que ha inspirado a nuestros eminentes gobernantes. José Dias Sobrinho, colaborador de la Unesco y profesor de la Universidad de Sorocaba y Márcia Regina F. De Brito profesora de la Universidad Estatal de Campinas han hecho varios estudios sobre la educación superior en Brasil.
De uno de esos estudios hice referencia en el artículo “La universidad pública otra vez a debate” el 3 de abril de este año y publicado en este periódico. En 2008 presentaron el estudio donde señalan el panorama de las IES brasileras y que nos puede servir para prever el futuro de la educación superior colombiana. Teniendo en cuenta que uno de los programas banderas de la Unesco es la cobertura, el expresidente Lula se propuso aumentar los estudiantes que accedían a la educación superior logrando una cifra de 6 millones, pero sin importarle la calidad.
Secuelas de la reforma en Brasil
Brasil contaba con 2.398 IES 2007. Estas se dividen en 177 universidades, 185 centros universitarios y 2036 facultades o colleges. Las universidades se dedican a la formación y la investigación y son en su mayoría públicas; las demás IES están dirigidas sólo a la formación. El 66% de los docentes doctorados trabajan para las entidades estatales, mientras que las privadas prefieren titulados con maestría. Estos datos enseñan cómo se ha creado un sistema estratificado donde existen unos pocos centros de enseñanza de calidad a los que acceden unas pocas personas.
Sobrinho y De Brito señalan otra característica de la educación superior brasilera y que está relacionada con la cobertura: Esta se hace posible con programas de crédito, igual que en Chile, quienes acceden a ellos estudian en IES privadas, principalmente y deben pagar tasas de interés anual entre 3,5 y 6,5%. Ellos también resaltan que “una cuarta parte de los jóvenes brasileños entre 18 y 24 años son tan pobres que no podrían mantenerse en una institución de educación superior, aunque ésta fuera gratuita”.
El gobierno brasilero a través del programa “Universidad para Todos”, impulsa la matrícula de minorías en IES privadas a cambio de eximirlas de impuestos. Todo esto pasa en el marco del desfinanciamiento de las IES públicas federales, pues en Brasil los aportes gubernamentales se han reducido de 0,91% del PIB en 1994 a 0,61%, en el 2001.
Esta disminución se ha orquestado con las “duras críticas de sectores gubernamentales y empresariales a la universidad pública - en especial - relativas a la «ineficacia» en los gastos de los recursos, a la baja oferta de cupos, a la rigidez curricular y a la escasa ‘utilidad’ de la educación superior para la economía general y, en particular para la industria.” Lo privado y lo gubernamental van pues de la mano.
El ejemplo brasilero nos permite ver cómo se ha creado un sistema estratificado en el cual existen unos pocos centros de enseñanza de calidad a los que accede una cantidad mínima de personas.
Continúa la privatización
El gobierno afirma que la reforma no privatizará las universidades, pero – a nuestro juicio - si no se privatizan desaparecerán o cambiarán de denominación y objetivos misionales, tal como ha sucedido en Brasil. Sobrinho y De Brito afirman en su informe que las pocas IES públicas sobrevivientes, serán sometidas a una privatización interna, que se manifiesta en los ajustes de oferta de cursos, programas y cupos a las demandas de sectores específicos del mercado, ventas de servicio para empresas comerciales, cobro de aranceles estudiantiles en actividades extra-curriculares, alquiler de espacios públicos, incorporación de la cultura organizativa empresarial, investigación orientada a los intereses de grupos privados, etc.
Estos aspectos de privatización que expresan los académicos brasileros ya se manifiestan en Colombia. Uno de ellos está tipificado en uno de los objetivos de la reforma: “adecuar la oferta de programas académicos con las necesidades productivas y sociales de las regiones”.
España, otro ejemplo
España no es ajena a estas reformas. En 2011 los campus universitarios públicos han sufrido un recorte de unos 300 millones de euros, mientras que este año hay 73.344 más universitarios que el año pasado y 150.000 más que en el periodo 2007-2008. La Comunidad de Madrid ha sido condenada por los tribunales a pagar 43,3 millones de euros que debe a la Universidad Complutense sólo en obras.
El presidente de la Mesa de Gerentes de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas denuncia que las comunidades autónomas están emprendiendo un proceso de privatización de las universidades públicas, recortando su financiación y estrangulando su funcionamiento. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha explica que “tenemos conocimiento de que algunas comunidades rebajarán entre un 6% y un 7%, otras un 10% y otras hasta un 16% su presupuesto”.
Por estos recortes del presupuesto a la educación superior, estudiantes y profesores de las universidades públicas catalanas han decidido convocar una huelga general el próximo 17 de noviembre.
Una de las consignas —del movimiento estudiantil en Colombia— es la no privatización de las IES, a lo cual responde el gobierno que eso no lo contempla la reforma de la ley 30, pero la propuesta mantiene el lucro y la privatización, pues sigue promoviendo que las universidades públicas se asocien con empresas privadas, las cuales pondrán las condiciones de esa asociación.
Más educación de calidad, mejor futuro
La educación en general constituye un de los instrumentos principales con que cuentan los gobiernos en su intento de asegurar el desarrollo de sus países. El gasto público destinado a esta finalidad debe ser considerado la mejor inversión de futuro.
Nuestro gobierno —si no quiere seguir propiciando la desigualdad social— debe garantizar la educación básica gratuita (ya hizo un anuncio en este sentido, pero no plantea nada sobre la calidad). Los padres de familia, profesores, estudiantes y demás sectores sociales deben exigir, luchar y ser agentes activos para que todos los colombianos tengan niveles básicos de lecto-escritura y excelente formación en matemáticas y geometría, elementos claves para minimizar la deserción en la universidad.
La educación completamente gratuita en la universidad sí merece discusión. Soy de la opinión que debe ser gratuita para aquellas personas de estratos bajos que quieren y demuestran condiciones para la formación superior y que por su situación económica no pueden pagarla. Lo razonable sería que el estudiante sufrague el costo de acuerdo a sus posibilidades económicas. Lo que no se puede admitir es el crédito para poder acceder a la educación superior. No puede suceder con la educación, lo mismo que con la vivienda, que nos convirtamos en esclavos del sector financiero.
La solución presupuestal de la educación está en manos de la clase gobernante. Si disminuye la corrupción y no malgastan el presupuesto en el conflicto armado, nos sobrará dinero para que todos tengamos educación de calidad, gratuita en la básica y apoyo económico para los que les es imposible pagarla en la superior. Con educación de calidad y en valores, más adelante se podrá minimizar el fenómeno de la corrupción.
Esta semana el gobierno ha dado un giro frente a la propuesta de reforma. El miércoles anunció que estaba dispuesto a retirar de la Cámara y luego manifestó la intensión de iniciar la discusión empezando de cero. Finalmente el presidente Juan Manual Santos, en un acto de sensatez, ordenó oficialmente retirar de la Comisión VI la propuesta de reforma.
Es el momento para que rectores, profesores, estudiantes, representantes sociales y el gobierno, inicien una discusión de la reforma de la ley 30, en la que además tengan en cuenta que es imposible esperar calidad de la educación superior si no se superan los males de la educación básica.
Por: Diego Arias Serna
PRENSA CALLEJERA
EDUARDO SANCHEZ B
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