lunes, 24 de septiembre de 2012

Pueblos Originarios de Chile denuncian violaciones a sus derechos.


La Alianza Autónoma de Pueblos Indígenas difundió un comunicado en el que advierten "a todos los pueblos indígenas de Chile sobre las nuevas amenazas que afectan la consulta indígena que establece el Convenio 169 de la OIT en relación a unos proyectos que afectarían a tierras de grupos indígenas. 
La Alianza Autónoma de Pueblos Indígenas de Chile denunció este lunes nuevas amenazas del gobierno de Sebastián Piñera al cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), documento que defiende derechos de los pueblos originarios.
A través de un comunicado, la Alianza critica la forma en que las autoridades dan curso al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que consideran excluyente para los pueblos indígenas, ya que la voluntad y el mandato de los directivos a cargo ha sido mutilar las consultas realizadas.
“Hoy, en la más completa oscuridad, se ha aprobado el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (...) nadie conoce, salvo algunos personeros del gobierno actual, su contenido exacto”, se puede leer en el texto.
El comunicado también advierte que el reglamento que regirá la evaluación del impacto ambiental de proyectos de diferente tipo, fue modificado por el Consejo de Ministros y ahora está en manos de la Presidencia, donde puede sufrir nuevos cambios y luego va a Contraloría, instancia que puede aprobarlo, rechazarlo o aprobarlo con modificaciones.
La organización señala que asesores gubernamentales les han señalado que no consultarían proyectos emplazados en tierras ancestrales, pues las mismas no están reconocidas por el Estado.
“Es decir, que los pueblos debemos tolerar que los megaproyectos ubicados en tierras usurpadas y no tituladas, no sean consultados, lo que viola los artículos 13 y siguientes del Convenio”, señala la Alianza Autónoma de Pueblos Indígenas, que dice seguir sin saber la real voluntad del gobierno austral.
El Convenio 169 de la OIT es un instrumento jurídico internacional vinculante que defiende los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y que en uno de sus acápites establece que esas comunidades sean consultadas en relación con los temas que los afectan.
Este convenio exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas relacionadas con su progreso.
El gobierno de Sebastián Piñera ha dicho que el proceso de discusión del reglamento de evaluación de impacto ambiental ha sido complejo y transparente hacia la comunidad.
De acuerdo con la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, sacar adelante ese documento ha sido un gran ejercicio de coordinación entre los organismos del Estado, ONGs y gremios, a través de un proceso de consulta pública realizado entre junio y octubre de 2011.

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