viernes, 21 de septiembre de 2012

Sabas Chahuán: "Chile está atrasado en materia antiterrorista”

Los últimos meses no han sido fáciles para el Ministerio Público. Varios de sus fiscales han estado en el ojo del huracán luego que en investigaciones emblemáticas, como el caso bombas y el juicio contra Luciano Pitronello, los tribunales hayan desarmado la tesis de la fiscalía.Desde su cargo como fiscal nacional, Sabas Chahuán analiza por qué el Ministerio Público no ha logrado los resultados que esperaban. Y adelanta que, aunque en el caso bombas su institución cometió errores en algunas actuaciones, también hay responsabilidad de las policías. Pero más allá de eso, está seguro de que lo que falta es coordinación entre quienes hacen inteligencia en Chile para que la información sea útil y pueda presentarse en un juicio.

-La fiscalía ha sufrido varios golpes seguidos, como el caso bombas y el fallo que absolvió de delitos terroristas a Luciano Pitronello. ¿Lo considera un fracaso?-En este tema hay que recordar que en 2010 hubo una modificación legal, en medio de la huelga de hambre de los mapuches, en la que se eliminó la presunción de que por manipular un artefacto explosivo se estaba produciendo temor en la población. La Fiscalía Nacional no tuvo ninguna injerencia en la discusión que se llevó a cabo en el Parlamento. La Fiscalía Sur apeló a la Corte de Apelaciones de Santiago y estamos a la espera de lo que se resuelva.
-Poco antes, enfrentaron el desplome del caso bombas en los tribunales.-Son situaciones distintas. Bombas y Pitronello son dos casos que estuvieron  a cargo de la Fiscalía Sur, con el anterior fiscal (Alejandro Peña) y con el actual (Raúl Guzmán). En el caso bombas está pendiente el recurso de nulidad, vamos a ver cómo sale de la Corte. Los fiscales reclamaron que  había errores jurídicos más o menos serios en las sentencias del tribunal, pero también hubo autocrítica. Estoy esperando que se termine esto para que la Fiscalía Sur entregue un informe detallado.
-¿Hubo errores de los policías?-También, ellos mismos lo han dicho. O sea, los fiscales pueden hacer diligencias de la investigación, pero sólo algunas, como tomar declaraciones o acompañar a la policía al sitio del suceso. Pero la investigación, en el 90% de los casos, la hacen los funcionarios policiales. Y los que van, cercan el lugar donde hay una bomba, levantan evidencia, persiguen y piden al fiscal autorización, son las policías. O sea, los fiscales no van a patrullar la calle. Se tiene que mejorar el sistema en su conjunto.-Por supuesto. La litigación de la audiencia de preparación del juicio oral, según me han señalado, se pudo haber hecho con un mayor apoyo y coordinación entre los fiscales. En el fondo, había un desorden de la evidencia. Es decir, había mucha evidencia que estaba ahí, legítimamente obtenida, pero desordenada.-¿Hay lecciones concretas que sacar del caso bombas?
“Chile está atrasado en materia antiterrorista”
-¿Cree que Chile está preparado para enfrentar el terrorismo?-Yo creo que la legislación actual no serviría para combatir a Al Qaeda. Se requiere un mayor control y calidad en la evidencia que entregan las policías, porque este fenómeno delictual es extremadamente difícil de investigar en Chile. Las policías realizan inteligencia para terrorismo, pero no investigaciones criminales contra el terrorismo que sirvan como pruebas concretas para ser presentadas en los tribunales. El desafío es generar evidencias para que ese material sea utilizado judicialmente y no sólo para meros fines de inteligencia sin contraste en los tribunales. Por ejemplo, si ocurriera un atentado como en Atocha, no tendríamos ni las policías preparadas para asumir esas investigaciones ni las herramientas legales para investigar. Y, al igual que toda la población, yo quiero y necesito saber quién ha puesto en Chile los artefactos explosivos. Pero con las herramientas legales que disponemos, la tarea se hace cuesta arriba.
-¿Qué opina de la ley antiterrorista?-Chile está muy atrasado en los aspectos sustantivos y procesales en materia antiterrorista. Por ejemplo, en una investigación de microtráfico se pueden usar herramientas que en terrorismo no: agentes encubiertos, entrega vigilada y normas de secreto de investigación e, incluso, en microtráfico se puede no dar a conocer una investigación cuando el imputado le consulte a un juez de garantía si está siendo pesquisado por ese delito. Sin embargo, en terrorismo esto no es así. Si una persona tiene la sospecha de que está siendo investigada, se lo puede preguntar a un magistrado y la fiscalía está obligada a responder.
-¿En qué se han traducido concretamente estos problemas?-Hay errores en la legislación, y hay que perfeccionarla. Pero también hay interpretaciones jurídicas. Por ejemplo, el caso Pitronello. Es decir, si pongo un guatapique, está penado administrativamente, pero no es un delito. Pero si pongo un extintor con pólvora negra, con retardador, con un sistema de relojería y lo instalo para que explote después que yo me fui, obviamente que es un delito terrorista. Quiero causar terror,  susto o miedo. Y la fiscalía dice que el ánimo terrorista se deduce de  que estaba oculto en la noche, que puso el artefacto explosivo, que llegó en una motocicleta, que fueron dos personas y que una de las cuales huyó y dejó herido a Pitronello. Entonces, hay que mejorar la legislación.
-¿Qué piensa de los jueces del caso?-Es importante decir que no son malos jueces. No es que de un día para otro se hayan convertido en ‘tarados’ jurídicos. Todos tienen mucha trayectoria y son profesionales muy dedicados, sino que hay una diferencia jurídica que la fiscalía tiene que “arreglar”.

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