Un temor a ser víctimas de “ataques violentos” a manos de grupos anarquistas dijeron sentir los fiscales que investigaron el llamado caso bombas, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara revelar el sumario administrativo instruido en su contra.
La investigación -que comenzó el 5 de octubre de 2011 y terminó el 20 de abril del año pasado- indagó las actuaciones de los fiscales Marcos Emilfork, Pablo Sabaj, Francisco Rojas y Víctor Núñez, quienes fueron denunciados por cometer supuestas irregularidades en la obtención de pruebas para inculpar a 14 anarquistas detenidos. Todos ellos fueron sobreseídos de forma definitiva al comprobarse que no cometieron anomalías.
Sin embargo, según el sumario, sólo al ex fiscal regional Alejandro Peña se le cuestionó su “objetividad” tras renunciar el 6 de abril a su cargo para asumir como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior. Un hecho que, de acuerdo al documento, comprometía “gravemente la imagen institucional”.
Temor de los fiscales
El fallo del 31 de enero del tribunal de alzada fijó un plazo de 10 días para que el Ministerio Público entregue al diputado del Partido Comunista (PC) Hugo Gutiérrez, una copia íntegra del expediente contra de los investigadores.
Durante esos alegatos -efectuados en la Séptima Sala de la Corte- los cuatro fiscales, a través de sus abogados José Luis Pérez y Rocío Berríos, rechazaron divulgar la indagatoria administrativa.
Su razón, según el fallo, se centraba en “el temor que sienten sus representados a ser objeto de ataques violentos por su participación en el caso bombas y que hay una amenaza cierta de que ella ocurra”.
Además, esbozaron que los fiscales Rojas y Núñez habían sido víctimas de un supuesto ataque tras ser inscritos en internet como presuntos empleadores y generar deudas previsionales por servicios inexistentes, por lo que fueron ingresados a Dicom, hecho que aún es indagado.
El abogado José Luis Pérez explica que su rechazo a la publicación del expediente se debe a que “ciertos datos sensibles que pudieron salir en esa investigación pueden ser usados de mala manera”.
El 5 de noviembre de 2012, mediante una solicitud por Ley de Transparencia, La Tercera intentó acceder al sumario en cuestión. Sin embargo, la Fiscalía Nacional rechazó el requerimiento amparándose, según la Carta DEN N° 372/2012, en que con ello se “afecta concretamente derechos de su persona, en particular, relativos a su seguridad y a la esfera de su vida privada”.
Consultado al respecto, el diputado Gutiérrez aseguró ayer que “es una argumentación sin fundamentos, ya que ese temor que ellos aducen carece de hechos fácticos. No hay nada que acredite lo que ellos están diciendo”.
Según el parlamentario, “si tienen temor a la verdad y tienen temor a que la ciudadanía conozca estos antecedentes, entonces ese temor estaba justificado”.
Gutiérrez, junto a sus pares Marcelo Díaz (PS), Sergio Aguiló (IC), Manuel Monsalve (PS) y Sergio Ojeda (DC), presentaron la denuncia.
Los abogados de los fiscales aseguraron que no recurrirán a instancias superiores para intentar revertir el fallo de la Corte de Apelaciones.
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